Llegesc que el CGPJ ha donat la raó a la jutgessa Laura Alabau (recordeu, la qui s'ha negat repetidament i insistent a inscriure en el Registre Civil les bodes de persones del mateix sexe) i ha deixat sense efecte la multa que li havien imposat i ella havia recorregut per unes declaracions seues.
Vull deixar totalment clar que em sembla bé protegir la llibertat d'expressió, encara que qui s'acollesca a ella siga un jutge. Faltaria més.
Però m'entra el dubte de si aquesta persona, com a jutgessa que, repetesc, té tot el dret d'opinar i de fer-nos sentir la seua opinió, també té el dret, en l'exercici de les seues funcions, d'oposar-se a una llei aprovada pel parlament del país on viu i on exerceix el seu càrrec.
M'entra el dubte de si té el dret a objectar una llei promulgada. Ja sé que té el dret a renunciar a les seues funcions de jutgessa, cosa que molta gent li agraïria i altra gent li sabria mal, però, té el dret a no complir la seua funció?
I si, com em tem, està incomplint les seues funcions, no mereix una sanció?
Si algú dels que em llegeixen m'ho pot aclarir, li ho agraïria.
El despertar del Leviatán
Fa 2 anys
4 comentaris:
jopo suben los comentarios??.
Como puedes ver, sí suben.
Espero que Angel Guirao me ilumine sobre mis dudas. No sé por qué, pero me da la impresión que los temas legales los domina bastante bien.
Efectivamente, Julio, los jueces están obligados a cumplir la ley, les guste más o les guste menos, y estén o dejen de estar de acuerdo con el contenido de esas normas que, repito, tienen la obligación de aplicar. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho y aquí hablamos de una obligación, la que tienen los jueces de aplicar las normas.
Lo único que cabe preguntarse es si los jueces y magistrados tienen un derecho de objeción de conciencia en relación con esa obligación de aplicar las normas. ¿Pueden los jueces aducir razones de conciencia para dejar de aplicar una ley? Rotundamente no. Lo ha dicho el TS en multitud de sentencias: los jueces están obligados a cumplir la ley siempre y en todo caso. Les guste o no les guste, la compartan o la dejen de compartir. Insisto, esto no lo digo yo, lo ha dicho el TS, que es aquí la autoridad competente.
Lo de este asunto de la juez que se negaba a inscribir un matrimonio celebrado legalmente, si es realmente así como ha sucedido, está muy claro y constituye un flagrante y reconocido incumplimiento legal que debe sancionarse como cualquier otro. Lo que pasa, Julio, es que el CGPJ ha salido por peteneras (con eso de la libertad de expresión, que aquí no pinta nada) por puro y duro corporativismo.
De vergüenza. Una vez más.
Espero que te haya quedado claro.
Un abrazo.
Como me extrañaba tanto esa invocación a la libertad de expresión hecha por el CGPJ, he buscado la noticia para enterarme bien:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CGPJ/perdona/juez/casa/gays/elpepusoc/20080918elpepusoc_3/Tes
Lo que ha pasado es que la juez había sido sancionada, no por negarse a inscribir ese matrimonio, sino por una carta que había escrito después y en la que acusaba a la DGRN y al Fiscal de actuar por intereses políticos.
(efectivamente ella se había negado a inscribir un matrimonio legal entre dos homosexuales, pero la DGRN, con el informe favorable del fiscal, revocó esa decisión e inscribió el matrimonio. Fue entonces cuando ella escribió esa carta por la que fue sancionada).
La juez recurrió esa sanción ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Ella entendía que las expresiones utilizadas en la carta no eran ofensivas y entraban, en cualquier caso, en el ámbito de su derecho a la libertad de expresión.
Pues bien, el CGPJ ha estimado su recurso y le ha sido revocada la sanción. El resultado de la votación ha sido el siguiente: 9 votos a favor de la juez (los de los nueve magistrados conservadores) contra 8 (de los cuales 7 son progresistas y uno independiente).
Mi opinión:
1º) Es vergonzante que el CGPJ siga actuando con esa férrea disciplina politica. (es increíble que ningún juez se haya salido del guión)
2º) La sanción debería haber sido mantenida porque sus acusaciones no son de recibo y exceden, con mucho, de su derecho a la libertad de expresión. Es ella, que acusa a los demás de actuar por intereses políticos, la que se había negado a aplicar la ley.
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